La profunda crisis energética que ha venido afectando a la República Dominicana, desde principios de los años 70, radica en la falta de planes y programas oficiales orientados en función de los costos de producción de la energía, en función del crecimiento de la demanda de energía, en función de la distribución de los diferentes segmentos de la población y en función de la errada visión que siempre ha caracterizado al Estado Dominicano.

Y es que en el Estado la rentabilidad de las empresas públicas pocas veces ha sido vista como un factor a considerar, pues para muchos el papel del Estado debe circunscribirse a una función social paternalista, y que todo lo que sea producido y servido por el Estado debe llegar libre de cargos para todo aquel que se considere un ciudadano en ejercicio de sus derechos, criterio que no compartimos, porque creemos que las empresas del Estado deben y pueden ser tan rentables como las empresas privadas, y en muchos casos debían ser mucho más rentables que las privadas fruto de que el Estado tiene facilidades y ventajas comparativas que no las tiene el sector privado.

Desde el año 1978 hemos planteado por escrito que la crisis eléctrica dominicana se debe a los altos costos de producción de la energía, requiriéndose la sustitución de las plantas de gasoil y las plantas de Bunker C por plantas que utilicen combustibles de más bajo costo, como el carbón mineral, siendo esa una necesaria solución que debe ser asumida por toda la nación, ya que las grandes reservas mundiales de carbón aseguran precios más estables para los próximos años, lo que da una diferencia cada vez mayor entre el petróleo y el carbón, pero siempre a favor del carbón.

Nuestra crisis eléctrica no es por falta de capacidad instalada, sino por falta de capacidad gubernamental para frenar un odioso negocio en contra de la población nacional.